Clases de Religión

Los maestros de Religión afectados acuden a declarar a los juzgados

Este jueves comienza el juicio pero no esperan que sea un proceso rápido, ya que el de los compañeros de Ceuta y Aragón comenzó los pasados meses y aún no ha concluído.

El pasado martes estaba previsto que comenzase el juicio de los profesores de Religión que se vieron afectados por los despidos y las reducciones de contrato desde el pasado mes de septiembre. El inicio del proceso tuvo que ser aplazado debido a que aún faltaban varios expedientes, por lo que ha sido este jueves cuando ha dado su inicio oficialmente.

Alberto Vera, profesor de Religión en el Colegio Reyes Católicos, lleva quince años enseñando esta materia en Melilla y en septiembre vio como su jornada quedaba reducida a tan solo cuatro horas a la semana. Se encuentra en entre el gran grupo de docentes que vieron reducido sustancialmente su contrato. Entre los afectados también hay compañeras que tenían una condición distinta a la suya, ya que “por sentencia son fijas”, y otras personas que fueron despedidas de su puesto laboral.

Por el momento, no hay muchas novedades, los abogados del Estado han expuesto su argumentos, y los abogados de los docentes afectados los suyos. Los maestros tan solo quieren que se aplique la justicia para que puedan recuperar sus derechos como trabajadores, expresó Vera, que fue uno de los docentes que encabezó las reivindicaciones junto a la Vicaría Episcopal y la Comisión Islámica de Melilla.

“Nuestros abogados han realizado también otro tipo de denuncia, además de por la parte social, por la parte ordinaria; eso significa que si la parte social no se resuelve pasaríamos a un procedimiento ordinario cuyo procedimiento es mucho más largo”, explicó, señalando que como medida cautelar pusieron esta otra denuncia, por el momento solo les queda esperar a que el juez resuelva y dicte sentencia.

No esperan que sea un proceso rápido ya que los compañeros de Ceuta y Aragón, cuyo juicio comenzó en noviembre y diciembre, aún no se ha resuelto. Por lo que suponen que su situación también tardará un tiempo en resolverse.

La situación de estos docentes es particular, ya que son personal laboral del Ministerio de Educación y Formación Profesional, es decir, empleados públicos dedicados a la docencia, pero no son funcionarios. “La gente a través de la ignorancia y escudada en las redes sociales están vertiendo contra el profesorado de Religión cosas que no so ciertas: Nosotros no somos funcionarios ni estamos reclamando serlo, somos trabajadores públicos que enseñan Religión, no queremos enseñar Matemáticas”, aseveró.

De esta forma también tacha de desafortunadas las palabras del secretario de Estado de Educación, Fernando Gurrea, que afeó la situación de estos docentes diciendo que si querían enseñar Matemáticas estudiasen una oposición.

Se preguntó cómo desde la Administración se permite esto, si hay un Real Decreto de 2010 para regular su situación y no se ha puesto en marcha. Vera señaló que todas las comunidades que tienen las competencias educativas han regulado esa situación menos el Ministerio de Educación, de quien dependen las ciudades de Ceuta y Melilla.

Fuente: elfarodemelilla.es

Clases de Religión

El Gobierno ignora a los obispos y escenifica una negociación directa con el Vaticano por el IBI y la reforma educativa

La vicepresidenta primera se ha reunido con el Nuncio para comenzar a tratar el pago del IBI de la Iglesia y la modificación de la asignatura de Religión en las escuelas

Calvo destaca sus “muy buenas relaciones” con el cardenal Parolin y con Bergoglio, mientras los obispos continúan con las declaraciones beligerantes hacia el Ejecutivo

Roma no ve con buenos ojos la actitud de la Conferencia Episcopal, en especial tras la exhumación de Franco; de ahí que acepten el diálogo sin intermediarios

La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y el nuevo nuncio en España, Bernardito Auza

Es la mujer que marcará el futuro de las relaciones Iglesia-Estado en España, y está dispuesta a hacerlo sin dar mucho margen a los propios obispos españoles. La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha recibido este miércoles al nuevo nuncio del Papa, Bernardito Auza, y la reunión ha servido para escenificar una advertencia a la Conferencia Episcopal: este Gobierno puede saltarse la intermediación de los obispos españoles y negociar directamente con el Vaticano.

El encuentro, previsto como un saludo, se convirtió, antes de comenzar, en el arranque de las conversaciones para conseguir que la Iglesia católica pague el IBI o afronte cuestiones educativas como el futuro de la clase de Religión o los centros concertados. Así lo anticipaba a primera hora la vicepresidenta en los micrófonos de la Cadena SER. “Esta misma mañana, cuando salga de aquí, voy a recibir al nuevo nuncio. Tengo unas expectativas muy grandes”.

Durante la entrevista radiofónica, Calvo ninguneó expresamente a la Conferencia Episcopal, a la que citó solo una vez, y dejó claro que ella negociará con el nuncio y con el secretario de Estado, Pietro Parolin, con quien mantiene “unas muy buenas relaciones”.

Los obispos ya esperaban un cambio de tercio radical en la relación con el Gobierno desde que se anunció que su única interlocutora sería Calvo, que tuvo un papel importante en la conflictiva exhumación del dictador Francisco Franco. Las voces críticas se han elevado incluso antes de la formación del gobierno de coalición, y la Conferencia Episcopal se ha encargado de colocarse abiertamente en una posición beligerante. Su vicepresidente, el arzobispo Antonio Cañizares, cargó este mismo miércoles contra la posición del Ejecutivo sobre el veto parental. Aseguró que son los padres quienes educan y no la escuela: “Si no, todavía no hemos salido de los gulags”, lanzó.

Un antes y un después de la exhumación

“Hay un calendario de trabajo que ya le he comentado al señor Parolin, y que él sabe que vamos a cumplir”, destacó Calvo, que anunció a primera hora: “Hay una agenda importante que vamos a tratar, y vamos a empezar esta misma mañana”. El hecho supone una gran novedad en las relaciones entre el Gobierno y la Iglesia en España, puesto que tradicionalmente el Vaticano delegaba en los responsables de la Conferencia Episcopal cualquier negociación, a pesar de que todos los privilegios de la Iglesia católica están consagrados en un acuerdo internacional, suscrito entre el Estado Vaticano y el Español en 1979.

La dinámica, tras las palabras de Calvo, cambia radicalmente. A partir de ahora, los interlocutores parecen ser el nuncio en España y el secretario de Estado, Pietro Parolin. Sin embargo, fuentes de la Vicepresidencia apuntan que no se ignorará a los obispos y que Calvo mantiene buena relación con algunos de ellos de su etapa como consejera de Cultura en Andalucía, informa Irene Castro.

En cualquier caso, las difíciles relaciones entre la actual cúpula de la Conferencia Episcopal y el Gobierno, que vienen de lejos, han tenido su momento más álgido durante el tortuoso proceso que llevó a la exhumación de los restos de Francisco Franco. El Ejecutivo considera que, salvo excepciones (el cardenal Osoro, por ejemplo), los obispos españoles se pusieron de perfil, o directamente atacaron la decisión acordada por los tres poderes del Estado de sacar al dictador de Cuelgamuros. En medio del proceso, la propia Calvo dio el salto a Roma, donde se encontró en dos ocasiones con Parolin –hubo otro encuentro en Madrid, durante la COP25, ya con Franco en Mingorrubio–, y también tuvo la oportunidad de encontrarse con el Papa Francisco.

Línea directa con el Vaticano

La “magnífica relación” con Parolin de la que presume la vicepresidenta es la que el Gobierno confía que determine el debate sobre las cuestiones religiosas. Y aunque reconocen que no se puede marginar a la Conferencia Episcopal –”También tendrá que decir algo la Iglesia española, que es la que paga los impuestos en España”–, destacan que las próxima renovación de la cúpula eclesial puede cambiar el panorama.

Los obispos, mientras tanto, empiezan a meterse de lleno en su propio proceso electoral: en marzo deben elegir a un nuevo presidente de la CEE, y los posibles candidatos, especialmente del sector conservador, han comenzado a utilizar el miedo al gobierno –”marxista y comunista”, en palabras de Cañizares– para calentar los ánimos de las huestes católicas. Esta actitud no es vista con buenos ojos desde Roma; de ahí la aceptación al diálogo directo con la vicepresidenta.

Entre los temas a abordar destaca el de la fiscalidad de la Iglesia católica y, en especial, el pago del IBI. “Tenemos una propuesta de trabajo, que conoce Parolin, y que va a comenzar ya. Queremos que la Iglesia responda exactamente igual que en Francia e Italia, en aquello que no tenga que ver estrictamente con su función”, explicaba Calvo en la SER. ¿Qué supone esto? Que los templos dedicados al culto no paguen IBI, pero sí garajes, pisos y otras instalaciones no dedicadas específicamente al culto.

“Vamos hacia una nueva fiscalidad, mucho más justa, y eso lo sabe Parolin, que lo primero que me dijo fue que naturalmente que sí”, adelantó la vicepresidenta. Calvo apuntó a la necesidad de reflexionar sobre la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta, y apostilló: “La Iglesia católica rinde cuentas ante el Tribunal de Cuentas, pero debe hacerlo sobre cómo administra esos fondos en función de los objetivos que atiende, no de otras cosas”.

La reforma educativa en marcha

Otro de los grandes temas que sobrevuelan esta tensa relación entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal es la reforma de la ley educativa, que apunta, entre otras cosas, a rebajar la categoría de la asignatura de Religión. “Tenemos algunas cuestiones importantes, el nuncio ya lo sabe”, deslizó Calvo. Y destacó que el Gobierno quiere participar en la ‘cumbre educativa’ que la Santa Sede ha convocado para mayo.

“Tenemos que sacar adelante algunos asuntos, y yo percibo buen ambiente, que lo tengo, no sólo con el señor Parolin, sino también con el Papa”, anticipó Calvo por la mañana. Y la sensación a la salida de la reunión no era menos optimista. Fuentes de vicepresidencia destacaron el buen ambiente y el entendimiento con Bernardito Auza, aunque rebajaron la expectativa sobre los avances de lo que calificaron como una fructífera “primera toma de contacto”.

La buena energía fluye en ambas direcciones. El mismo nuncio ha asegurado que el encuentro con Calvo ha resultado positivo. “La reunión ha ido bien, muy bien. Estoy contento”, ha asegurado Auza a eldiario.es. Los obispos, en cambio, evitan dar su opinión sobre el tema.

“El plan es seguir avanzando en las cuestiones que ya abordó en la reunión con Parolin: inmatriculaciones, cambio en la ley educativa y reforma fiscal”, resumen fuentes del Gobierno. Y apuestan de lleno a la sintonía entre las dos partes.

De hecho, en contra de lo que decían los programas electorales tanto del PSOE como de Unidas Podemos, no se ha hablado en ningún momento de la denuncia de los Acuerdos Iglesia-Estado, y este asunto no se ha incluido tampoco dentro del programa de Gobierno de coalición. Otro tema ausente de momento es la publicación del listado de bienes inmatriculados por la Iglesia, así como la financiación de los religiosos que trabajan en hospitales o en el Ejército

Fuente: eldiario.es

Clases de Religión

El consejero de Educación defiende las clases de Religión frente al Gobierno de Sánchez

Javier Imbroda indicó que ha solicitado a la ministra de Educación, Isabel Celaá, que le reciba «lo antes posible»

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El consejero andaluz de Educación y Deporte, Javier Imbroda (Cs), indicó el jueves 16 de enero que esta misma semana ha solicitado a la ministra de Educación, Isabel Celaá, que le reciba «lo antes posible» una vez que ha sido confirmada su cargo en el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, a la vez que ha reivindicado la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos.

Imbroda señaló que confía «que nos reciba lo antes posible, básicamente para informarnos y para saber qué medidas tienen ellos (el Ministerio) en su planteamiento».

Sobre la posibilidad de que la Religión deje de contar para la nota media del alumno, el consejero explicó que, «si eso fuera así, nos preguntaríamos por qué temen tanto a la libertad de las familias a poder decidir». Así, señaló que «da la impresión» de que desde el Gobierno de socialistas y Unidas Podemos «tienen un cierto prejuicio sobre familias que quieran elegir Religión o no», teniendo en cuenta que es algo «opcional, como es opcional elegir el sistema dual que tenemos en nuestra educación, público o concertado».

«¿Por qué temen la libertad, por qué temen que las familias puedan decidir la educación que quieren para sus hijos, por qué quieren que todo sea una manera uniforme, que todos piensen exactamente lo mismo?», se preguntó el consejero andaluz.

Manifestación

Mientras el consejero hacía estas declaraciones en Sevilla, en Granada los padres de escuelas se producía una manifestación y una huelga educativa, convocadas por Ustea, CGT y la federación de madres y padres Alhambra, para defender la continuidad de todos los centros educativos públicos, especialmente en las zonas rurales, y exigieron a la Junta de Andalucía un compromiso formal.

En la marcha, que recorrió distintas calles del centro de la capital granadina, participaron unas 7.000 personas, según los cálculos de Ustea, cifra que la Policía Local rebaja, a través de un portavoz, a unos 1.300 manifestantes.

En cuanto a la huelga, los sindicatos tasaron el seguimiento en el 75%, mientras que según datos oficiales, de 5.295 docentes convocados a la huelga, 101 la han secundado (1,9%); mientras que, de los 265 centros de Infantil y Primaria, se han producido incidencias relacionadas con la huelga en 38.

Fuente: abc.es

Clases de Religión

Qué es el pin parental: la herramienta para que los padres puedan vetar contenidos en las aulas

El pin parental de Vox se ha convertido en el epicentro de un encendido debate escolar. El Gobierno va a recurrirlo allá donde se implante, mientras que se avecina una rebelión¿Qué es el pin parental? La herramienta que ha destado la guerra entre el Gobierno y Vox.

El pin parental de Vox se ha convertido en el epicentro de un encendido debate escolar. El Gobierno va a recurrirlo allá donde se implanta mientras que se avecina una rebelión: Vox dice que “los padres saben mucho mejor que los profesores lo que es mejor para sus hijos” y la organización Hazte Oír anuncia que denunciará a los directores de los colegios que lo “obstaculicen”. Otros padres, sindicatos, estudiantes y asociaciones están movilizándose para protestar contra la herramienta, ya puesta en marcha en Murcia. En Andalucía y la Comunidad de Madrid también podría aplicarse.

¿QUÉ ES EL PIN PARENTAL?

El pin parental, tal y como lo plantea Vox, es una solicitud escrita que va a dirigida a los directores de los centros educativos en la que los padres piden que les informen previamente, a través de una autorización expresa, sobre cualquier materia, charla, taller o actividad que afecte a cuestiones sobre la identidad de género, el feminismo o la diversidad LGTBI, de tal forma que los progenitores puedan dar su consentimiento para que su hijo asista o no. Este partido considera que estos contenidos pueden ser “intrusivos” para la “conciencia” y la “intimidad” de los menores.

¿FUNCIONA YA EL PIN PARENTAL EN ALGUNA COMUNIDAD AUTÓNOMA?

Desde el pasado mes de septiembre, está implantado en Murcia. En agosto, la Consejería de Educación, del PP, dictó una resolución con las instrucciones de comienzo de curso 2019/2020 en las que se establece que “se dará conocimiento a las familias” al comienzo de curso de “las actividades complementarias de las programaciones docentes que forman parte de la propuesta curricular” y son impartidas por personal ajeno al centro educativo “con objeto de que puedan manifestar su conformidad o disconformidad con la participación de sus hijos menores en dichas actividades”.

Esta resolución, según explican en la Consejería, fue uno de los requisitos para que Vox apoyara la investidura del PP. Ahora ha servido para alcanzar un acuerdo, con Ciudadanos, para cerrar los presupuestos de la región. La condición que había puesto la formación de Santiago Abascal es que la resolución adquiriera rango de decreto, además de que se creara un documento oficial y estandarizado para que todos los centros educativos tengan el mismo documento que se mandará a las familias. Al final, se ha llegado a un término medio: Cs respalda que haya una autorización previa expresa de las familias “en base a los preceptos consagrados en la Constitución”. Este partido, de forma paralela, ha anunciado que va a recurrir las instrucciones de Murcia porque las ve “ilegales”.

¿EL PIN PARENTAL SE VA A IMPLANTAR EN MÁS COMUNIDADES AUTÓNOMAS?

También es arma de negociación en el marco de la aprobación de los presupuestos de la Comunidad de Madrid: Ciudadanos se opone, pero la Consejería de Educación es del PP, como en Murcia. En Andalucía también fue condición de Vox para aprobar los presupuestos y aún no se ha implantado. El Gobierno andaluz ha defendido este viernes la libertad de los padres a la hora de opinar sobre la educación de sus hijos y ha dicho que cualquier medida al respecto se haría con respeto a lo que marca la Ley de Educación, en sintonía con el acuerdo alcanzado en Murcia.

¿CUÁL ES LA POSTURA DEL GOBIERNO CENTRAL?

Pedro Sánchez e Isabel Celaá han anunciado que lo combatirán con firmeza. En el Consejo de Ministros, Celaá ha llegado a decir que “los hijos no pertenencen a los padres”. Para empezar, el Ministerio de Educación va a llevar a los tribunales las instrucciones de Murcia, por considerarlas una especie de “censura previa” para las actividades de los colegios que “socava” el derecho de los alumnos a la educación y “censura la actuación de los centros docentes y su profesorado”.

¿QUÉ ARGUMENTOS JURÍDICOS APORTA?

Su razonamiento es que el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones morales no pueden estar por encima del derecho de los niños a recibir una educación, recogido en el artículo 27 de la Constitución y en los artículos 1, 78, 84.3 y 124.2 de la Ley de Educación y en sintonía con la Convención sobre los Derechos del Niño, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Memorándum de la CE contra el Racismo y la Intolerancia.

Sostiene, por otro lado, que los profesores y los directores son los que tienen “autonomía pedagógica” y “la competencia para diseñar las actividades complementarias que crean convenientes y dar así cumplimiento a lo establecido a los currículos correspondientes”. Si no, la educación sería “a la carta”, en función de las preferencias de los padres.

Añade, además, que el pin va en contra de la Ley de Violencia de Género y de las leyes autonómicas LGTBI, que expresamente dicen que se tiene que dar formación en los colegios sobre este tipo de contenidos.

¿QUÉ ALEGAN LOS DEFENSORES DEL PIN PARENTAL?

El PP dice que estos contenidos son “adoctrinadores” y debe haber alguna forma de evitarlos pues se atenta contra la libertad ideológica de los menores. “Al igual que hay un sector de la izquierda está en contra de que se les enseñe Religión a sus hijos, en la derecha están en contra de perder el control de la educación de los menores. Hay conflicto de intereses entre los padres que quieren que sus hijos se eduquen correctamente y los profesores que tienen la obligación de enseñar, pero sin traspasar la línea roja del adoctrinamiento”, sostienen fuentes de la Inspección.

La clave del asunto va a ser, por un lado, determinar si estos contenidos perjudican o no a los niños y, por otro, delimitar si las charlas son extracurriculares o no. El PP sostiene que son contenidos extracurriculares y el Gobierno dice que, por el contrario, se trata de “actividades complementarias programadas por los centros educativos, que además son evaluables”; es decir, dentro del currículo. La Ley de Educación deja claro que todos los alumnos deben participar en estas actividades complementarias. Si el juez determina que estas actividades, como cuando un policía o un bombero visita el colegio y da una charla, no afectan al contenido de la programación, los padres podrían sacar a sus hijos de esas materias.

¿PUEDEN APELAR LOS PADRES A LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA PARA USAR EL PIN PARENTAL?

La objeción de conciencia la contempla el ordenamiento jurídico para casos muy concretos, según las fuentes consultadas, y no parece que sea éste el caso. En 2009, el Tribunal Supremo determinó que no se podía objetar a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que tenía contenidos parecidos a los que se ponen en cuestión ahora. Es por eso por lo que Vox se ha inventado el nombre de pin parental y no habla de objeción de conciencia.

¿TIENE SENTIDO QUE SE HABLE DE SEXUALIDAD, GÉNERO E IDENTIDAD LGTBI EN HORARIO ESCOLAR?

Vox, PP y las familias defensoras del pin parental argumentan que ese tipo de contenidos son delicados y prefieren enseñárselos en casa, en vez de confiarlos a personas que, en muchos casos, son ajenas al centro educativo. En el otro lado, se argumenta que, en una sociedad donde la pornografía irrumpe cada vez con más fuerza en edades muy tempranas y los padres muchas veces no están en casa para hablar con sus hijos, es conveniente que en los colegios se imparta esta formación, en beneficio de la convivencia de todo el alumnado.

Fuente: elmundo.es

Clases de Religión

Junta pregunta por el “temor” del Gobierno a que los padres elijan religión

El consejero andaluz de Educación y Deporte, Javier Imbroda (Cs), ha preguntado por qué el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos “teme” que los padres puedan elegir la opción de religión para sus hijos y que todo “sea uniforme” y “todos piensen exactamente lo mismo”.

Tras una visita al aula hospitalaria del Hospital Infantil Virgen del Rocío de Sevilla, Imbroda ha respondido de esta forma a la opción del Gobierno de modificar la ley educativa para que la asignatura de religión no cuente en la media de los alumnos.

El consejero ha anunciado que esta semana ha pedido una reunión “urgente” con la ministra de Educación, Isabel Celaá, para conocer los planes educativos del Gobierno y que desde la Junta de Andalucía puedan “tomar decisiones”.

“Por qué temen tanto a la libertad de las familias a poder decidir, da la impresión de que tienen un cierto prejuicio” respecto a que las familias “quieran elegir la religión o no”, algo que ha recordado “es opcional”, lo mismo que el “sistema dual” de educación pública y concertada

Imbroda ha añadido: “Por qué temen a la libertad, por qué temen que las familias puedan decidir la educación que quieren para sus hijos, por qué quieren que todo sea de una manera uniforme, que todos piensen exactamente lo mismo”.

Por otra parte, ha calificado como “un disparate” que se lleve a juicio a un profesor por hablar a los alumnos de Ana Orantes, la mujer que fue asesinada por su marido tras denunciar los malos tratos en Canal Sur Televisión, y ha apuntado que el PIN parental está en “fase embrionaria” para que no contradiga a la ley.

El juicio afecta a un profesor de Instituto Luis Carrillo de Sotomayor, de Baena (Córdoba), que fue denunciado por un padre tras hablarle a un alumno de 2º de la ESO por autorizar una actividad con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El consejero ha subrayado que la Consejería de Educación ha dado “todo el apoyo” al profesor afectado y al claustro porque la denuncia “no tiene razón de ser”.

Además, ha dicho que las familias “tienen toda la razón” por convocar una huelga en el Instituto Tartessos, de Camas (Sevilla), porque llevan “años” esperando obras de reparación del edificio, y ha afirmado que hay tres actuaciones pendientes de ejecutar.

Fuente: EFE lavanguardia.com

Clases de Religión

El viacrucis de 13.000 profesores de Religión: el Gobierno no los quiere y temen ir a la calle

La asignatura de Religión pende de un hilo si se confirma el anteproyecto del Ejecutivo. Miles de docentes, muchos de edad avanzada, podrían perder gran parte de sus ingresos

Más de 13.000 profesores de Religión en la enseñanza pública temen quedarse en el paro o empezar a malvivir con salarios de miseria si el nuevo Ejecutivo plasma en un real decreto-ley su intención de reducir la asignatura a migajas. Uno de los puntos del pacto de gobierno PSOE-Unidas Podemos es que la religión deje de computar para nota y que deje de existir una asignatura espejo para los alumnos que no la quieran cursar. Sin computar y sin la obligación de ir a una clase alternativa, los profesores sospechan que van a impartir una asignatura muerta con las aulas vacías. Y en un trabajo en el que cobran por horas o por módulos de tiempo, según la comunidad autónoma, quedarse sin alumnos les llevará a la ruina.

La situación es complicada para estos 13.000 profesores, porque ningún organismo de peso los apoya abiertamente. La ministra de Educación, Isabel Celaá, ya les ha dicho indirectamente que les tiene en poca estima, y tampoco pueden apoyarse en los sindicatos mayoritarios para que velen por sus intereses. Si un profesor de Religión propone hacer otras labores dentro de su colegio o impartir otras clases para redondear su salario, antes debe superar unas oposiciones como cualquier miembro del cuerpo de docentes, advierten los sindicatos a este diario. Lo contrario sería inconstitucional, ya que discriminaría al resto de profesores, en especial los interinos. Que tanto Gobierno como sindicatos estén alineados en esta causa no es la mejor noticia para este colectivo profesional, que promete sacar las uñas para defenderse en los tribunales si se confirman los peores presagios.

Una profesora imparte clase de Educación Infantil. (EFE)
Una profesora imparte clase de Educación Infantil. (EFE)

“Vamos a tener muchas pérdidas de puestos de trabajo, de profesores que llevan más de 20 años en la función pública y que han demostrado a lo largo del tiempo, por las dificultades, ser unos docentes de talla mayor”, aseguró días atrás la coordinadora nacional de las Plataformas de Profesores de Religión en la Enseñanza PúblicaAmelia Álvarez. “Van a por nosotros. Hay un ataque a las libertades, al punto 27.3 de la Constitución. Va a haber una reducción clara, pero constitucionalmente podemos ganar, porque no puede haber pedagógicamente una asignatura en un sistema educativo que no se pueda evaluar y calificar”, dijo Álvarez, que calificó de “problema ideológico y de ataque frontal a la Iglesia católica” el acuerdo del nuevo Gobierno de coalición.

El Gobierno “no puede despedir masivamente a todo un colectivo sin ofrecer alternativas”

“Tendrá una incidencia grave en el número de horas trabajadas y en la reducción de sueldos. Ya vivimos una situación parecida durante muchos años en los que Religión no computaba para la nota [gobiernos de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero], pero nunca había ocurrido que no tuviera asignatura alternativa. Es un escenario nuevo y no sabemos cómo nos afectará”, explica Jesús María Losada, presidente de la Federación Estatal de Profesores de Religión (Feper). “Nuestro futuro está en manos del ministerio y de los sindicatos. Como no formamos parte del cuerpo de profesores, el Estado no tiene ninguna obligación con nosotros, en todo caso, tiene una obligación de tipo moral, no puede despedir masivamente a todo un colectivo sin ofrecer alternativas”. Losada sospecha que el nuevo Gobierno quiere anular los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede sin romperlos: se sigue ofertando la asignatura de Religión pero en unas condiciones de clara desventaja respecto a las demás.

Un crucifijo preside un aula. (EC)
Un crucifijo preside un aula. (EC)

Obligados a pasar oposiciones

Consultados por este diario, los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y la Confederación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza (STES) coinciden en que los 13.000 profesores de Religión los tendrán de su lado si se vulneran sus derechos laborales, pero nada más allá. De reciclarlos en otras asignaturas como Ética, Valores o en una especie de Religión 2.0, o introducirlos en las aulas como personal de apoyo a otros profesores, los sindicatos no quieren ni oír hablar.

“Habrá que ver de qué manera se puede reconocer el tiempo trabajado de estos profesores en la enseñanza pública y darles una solución dentro del marco jurídico”, afirma Francisco García Suárez, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO. “Un funcionario debe aprobar unas oposiciones y un interino pasar un proceso selectivo. Sería ilegal reciclar por decreto a estos profesores, porque cualquier interino podría acudir a los tribunales porque se ha vulnerado el principio de igualdad, y tendría razón. Aquí partimos de una situación muy difícil de resolver, ya que estos 13.000 profesores han sido seleccionados por una diócesis, no a través de un proceso selectivo estatal. Hay que reflexionar y estudiar una salida que se ajuste a la jurisprudencia”.

¿Y reconvertir Religión en una asignatura no confesional del tipo Cultura de las Religiones o una solución intermedia? “Nos encontraríamos con el mismo problema: esos profesores antes deberían aprobar unas oposiciones o superar unas pruebas. ¿Porque, cómo le explicas a un profesor interino de Filosofía o de Historia, o a un teólogo interesado en dar clases, que una persona que no ha pasado por ningún proceso selectivo ocupará esa nueva plaza a dedo? Hay muchos profesores interinos de 50 años y más que viven en condiciones de precariedad y no pueden ser menos que los profesores de Religión que se queden sin clases. Debemos encontrar una fórmula válida para todo el mundo”, insiste García Suárez.

Los profesores de Religión no son funcionarios, pero tienen plaza fija en los colegios. Tienen su propia regulación y están sujetos al Estatuto de los Trabajadores. A nivel retributivo, se equiparan a los funcionarios interinos, si bien el número de horas lectivas se ha ido reduciendo con el paso de los años. En la mayoría de comunidades autónomas, cobran en función de las horas trabajadas.

Manifestación en favor de las clases de Religión, en una imagen de archivo. (EFE)
Manifestación en favor de las clases de Religión, en una imagen de archivo. (EFE)

“Siempre vamos a defender a los trabajadores. Porque una cosa es nuestra posición sobre la salida de las religiones de las aulas y otra el efecto laboral que pueda tener esta decisión”, afirma José Ramón Merino, responsable de Política Educativa de STES. Sin embargo, matiza: “En este caso, hablamos de personal laboral ajeno a las juntas de personal docente. Las distintas diócesis, que son quienes proponen a estos profesores, deberían dar un paso al frente en la búsqueda de una salida al problema. Es personal laboral suyo. Igual que ha habido reconversiones en muchísimos sectores y se ha negociado la salida de esos profesionales, habrá que plantearlo con los profesores de Religión. Pero hasta que eso no ocurra, todo es especular”.

Las diócesis, que son quienes proponen a estos profesores, deberían dar un paso en la búsqueda de una salida

La raíz del problema siempre es la misma: son las distintas diócesis las que seleccionan a los profesores de Religión en los centros públicos, que pasan a ser personal laboral de la Administración pública en condiciones más o menos estables según cada comunidad autónoma. Por eso, defenderlos desde el plano de mérito laboral por parte de los sindicatos e incluso del resto de profesores que sí han superado unas oposiciones se hace complicado. Eso, claro, sin contar con el componente ideológico, que los profesores de Religión consideran fundamental en esta presunta caza de brujas por parte del nuevo Gobierno progresista. El Ministerio de Educación gasta cerca de 100 millones al año en salarios para los profesores de las distintas religiones en Educación Infantil y Primaria, mayoritariamente de religión católica, según datos oficiales.

“Ya sobrevivimos muchos años complicados con la LOE [2006-2013] e incluso antes. Aunque sí es cierto que entonces podías desempeñar otras labores en el centro educativo y ahora se está muy pendiente de que eso no ocurra”, explica María del Rosario Álvarez, responsable nacional de la Asociación Profesional de Profesores de Religión en Centros Estatales (Apprece). “Yo no sería alarmista ante esta nueva situación, de momento, solo es un proyecto de ley. Primero hay que ver qué pasa con ese acuerdo de gobierno, porque organizativamente es muy difícil llevarlo a cabo. ¿Qué haces con los alumnos que no cursan Religión esa hora? No puedes mandar unos niños a casa a media mañana. Espero que el Gobierno no cruce la línea roja de poner las clases de Religión fuera del horario escolar, eso sería un escándalo y tomaríamos todas las medidas pertinentes. Existen fórmulas, como la que hace un año propusimos desde Apprece, un currículo integrado en el que unos alumnos puedan cursar Religión y Valores y otros solo Valores. Lo propusimos al ministerio y estuvieron muy receptivos”.

“Muchos creen que se está dando catequesis”, se quejó días atrás la responsable de las plataformas de profesores, cuando, según subrayó, el currículo de esta materia está aprobado por el Ministerio de Educación. También argumentó que la actual asignatura es “similar a los programas de más de 30 países desarrollados” y que ya es “de carácter voluntario”, pues los alumnos pueden optar por ella o por una alternativa. Dejar de ofrecer una asignatura espejo vulneraría, según el colectivo de profesores de Religión, el artículo 27.3 de la Constitución, que señala que los poderes públicos deben garantizar el derecho de los padres para que sus hijos reciban formación religiosa y moral de acuerdo con sus propias convicciones. Ese artículo, junto a los acuerdos con el Vaticano, es la principal baja legal que emplearán los 13.000 profesores afectados si el proyecto de ley toma forma de real decreto en el Congreso.

Fuente: elconfidencial.com

Clases de Religión

El nuevo Gobierno devalúa la asignatura de Religión y viola los acuerdos con la Santa Sede

Seguirá siendo voluntaria, no tendrá efectos académicos y, por primera vez, se queda sin alternativa.

De los 28 países que conforman la Unión Europea, en un total de once (como Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Suecia, Rumanía o Reino Unido) la asignatura de Religión, aunque con diferentes matices, es obligatoria en los centros.

En España, la situación es bien distinta. Lejos de existir en los colegios un paraíso para esta materia con el objetivo de privilegiar a la Iglesia, como señalan sus detractores, la asignatura es, como en gran parte de Europa (Alemania, Austria, Bélgica, Italia o Estonia) de oferta obligatoria para los centros pero voluntaria para los alumnos. Es decir, solo la cursa el que quiere. Esto ha sido así con las leyes socialistas (como la LOE, de 2006) y populares (como la LOMCE, de 2013). Con el nuevo gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, de acuerdo con su documento «Coalición progresista. Un nuevo acuerdo para España» presentado el pasado 30 de diciembre, la materia mantendrá este estatus pero perderá, por primera vez, su alternativa. ¿Esto qué significa? Que aquel alumno que decida no estudiar Religión no podrá elegir otra en su lugar, (asignatura espejo) por lo que quien no la curse podrá irse al recreo o a casa.

La consecuencia inmediata de que la asignatura se quede sin alternativa es que pocos o ningún alumno querrán escogerla. «La asignatura pierde su carácter, se cursa por la vía muerta, deja de llamarse asignatura para convertirse en otra cosa, en una actividad voluntaria», lamenta Antonio Amate, secretario general de la Federación de Enseñanza de USO, quien considera que que la propuesta «afecta a la libertad y voluntad de las familias» y recuerda que la asignatura «no es una catequesis; lo que hay detrás de esto es el intento de sacar la religión de la escuela como sea». «Si no tiene alternativa la conviertes en una extraescolar, se convierte en algo diferente a una asignatura. Se devalúa completamente», coincide Santiago García Gutiérrez, secretario general de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE).

¿Y la promoción de curso?

Por si esto fuera poco, el citado documento del Gobierno señala que la Religión, aparte de no tener alternativa, la nota no computará a efectos académicos. Esto ya ocurrió con la LOE: tanto en Primaria, ESO como en Bachillerato la calificación de Religión no contaba a efectos académicos (lo que incluye la nota media para entrar a la universidad u obtener becas). Por el contrario, la Lomce sí tiene en cuenta la Religión para estos fines. Pero de lo que no se habla (y tampoco queda claro) es si la asignatura seguirá teniéndose en cuenta para pasar o no de curso, es decir, si va a ser parte del máximo de suspensas que permitan la promoción o no, que tanto la LOE como la LOMCE sí contemplan.

La propuesta de PSOE-Unidas Podemos, no solo convierte a la Religión en una materia de segunda categoría sino que vulnera los Acuerdos suscritos entre el Estado español y la Santa Sede. El artículo 2 del acuerdo establece que la enseñanza de la religión católica se incluirá en todos los centros y niveles, «en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales».

Francisco López Rupérez, expresidente del Consejo Escolar del Estado y director de la cátedra de políticas públicas de la Universidad Camilo José Cela, pide esperar y considera que del papel al hecho hay un gran paso. Sin embargo, «de violentarse los acuerdos con la Santa Sede, la solución es apelar a los tribunales. No queda otra alternativa y que sean estos los que sometan la legislación del nuevo gobierno al principio de legalidad».

Luis Centeno, secretario general adjunto de Escuelas Católicas advierte también de la vulneración del artículo 27.2 de la Constitución, que establece que «la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana». «Sin el conocimiento de la religión, no es posible dicho desarrollo en condiciones de plenitud», explica Centeno. Por su parte, Francisco López Rupérez recuerda también el artículo 27.3 que establece que los poderes públicos deben garantizar el derecho de os padres a sus hijos «reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones».

Por su parte, a Comisión Episcopal de Enseñanza recuerdan la responsabilidad de los gobiernos «de favorecer la libertad y asegurar la educación para todos». «Esperemos que el futuro gobierno cumpla con sus funciones y defienda la libertad. Ojalá también favorezcan un pacto educativo», añaden desde la Casa de la Iglesia a la par que subrayan que «lo más importante es buscar la calidad educativa de las nuevas generaciones, de común acuerdo padres y profesores», informa Laura Daniele.

Quien sí defiende la medida es Francisco García, secretario general de la federación de enseñanza de CC.OO: «Me parece una propuesta razonable, la religión confesional no tiene que por qué estar en el curriculum, otra cosa es que en Valores Éticos se hable de la historia de la religión pero las creencias personales de cada uno no creo que deban configurar una asignatura evaluable». De hecho, CC.OO va más allá y aboga por una escuela laica en la que la religión se quede fuera del horario lectivo y del curriculum.

El «decreto del parchís»

La LOGSE, ley socialista del año 1990, se llevó a los tribunales por la asignatura de Religión. La alternativa a esta materia eran actividades de contenido lúdico y cultural no evaluables. Así lo estableció el Real Decreto 2438/1994, más conocido como el «decreto del parchís», que fue llevado a la justicia por varias asociaciones religiosas, no solo católicas sino también evangelistas e islámicas. La Sala Tercera del TS falló en contra del decreto por considerar que «vulnera el artículo 27.3 de la Constitución al ofrecer como alternativa enseñanzas que no tienen contenido moral, confesional, que según su criterio sería el único constitucionalmente posible porque siendo la educación un bien al que todos tienen derecho (27.1) y teniendo la educación por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana (27.2) aquel derecho que a todos asiste implica necesariamente que también accedan o bien a una formación religiosa, o bien a una formación moral confesional, sin alguna de las cuales sería difícilmente asumible la idea de un pleno desarrollo de la personalidad humana, cerrándose así el sistema, en cuanto a este punto, por la garantía establecida en el apartado 3, de que todos reciban una formación religiosa o moral, siendo el contenido real del derecho de los padres el de optar por una u otra, de acuerdo con sus propias convicciones, pero sin prescindir de ambas».

Navarra quiere reducir el horario de la asignatura de Religión al mínimo

Todos los partidos, a excepción de Navarra Suma, presentaron en el Parlamento Foral una Proposición de Ley sobre la enseñanza de la religión para rebajar el tiempo de la asignatura al mínimo estatal (45 minutos a la semana). «En todos los niveles educativos de Navarra de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato, la asignatura específica de religión y sus alternativas tendrá una carga lectiva máxima correspondiente a la mínima establecida, con carácter prescriptivo, en la normativa básica de ámbito estatal», establece la proposición a la que ha accedido este periódico.

La iniciativa, que se presentará el próximo día 15, ha sido contestada por padres y asociaciones que critican que «en todo este proceso no se ha contado ni con las familias, ni con las autoridades religiosas que colaboran con el Gobierno de Navarra para la elección del profesorado, ni con el más de 50% de padres que optan por este tipo de educación, ni con el resto de padres que están contentos con que sus hijos acudan a la asignatura alternativa de valores».

Fuente: abc.es