Clases de Religión, Noticias

Comparecencias-Comisión de Educación en Andalucía: Profesorado de Religión y Carga horaria lectiva.

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Clases de Religión

Así nació el conflicto de los maestros de Religión que cobran sin impartir clases

  • En 2014, la administración autonómica ordenó un informe jurídico para reducir el horario de Religión sin arriesgarse a que el Gobierno y los obispos lo tumbasen en los tribunales.
  • La Junta de Andalucía acusó a la LOMCE entonces de “romper el consenso constitucional sobre enseñanza concertada y Religión”, y decidió “radicalizar” su postura “en defensa de la escuela laica”

El ex ministro de Educación, José Ignacio Wert.

Desde principios de semana el Ministerio de Educación y la Consejería de Educación del Gobierno andaluz intentan articular, por separado, un relato coherente que explique por qué desde hace tres años se están malgastando fondos públicos para paga….

 

¿Quién es el responsable de mantener la jornada y el salario íntegro de estos docentes, que desde 2015 acuden a sus colegios sin nada que hacer? Hay cierta tensión en los despachos, porque esto no era una situación desconocida para las dos administraciones: la que contrata y paga y la que les renueva la plaza en las escuelas. Existe un reguero de escritos, denuncias, quejas, emails, reuniones y llamadas telefónicas que los directores de los centros afectados han elevado a la Consej…

Preguntas aún sin respuesta

De momento, este periódico no puede explicar por qué el problema de los maestros de Religión que cobran sin trabajar se ha prolongado tres años; por qué, si la situación se conoce desde septiembre de 2015, persiste en el presente curso escolar. Esa explicación -junto al balance del dinero público perdido estos tres años- corresponde a las administraciones implicadas que por ahora no han sabido aportar una respuesta convincente. Lo que sí puede hacer este periódico, a través de documentación interna de la Consejería y de testimonios de quienes tomaban las decisiones políticas hace tres y cuatro años, es ofrecer un relato aproximado de cómo nace el problema.

El origen

En Andalucía, el 88% de la población escolar en Primaria elige la asignatura voluntaria de Religión. Es la segunda comunidad con más alumnos inscritos, por detrás de Extremadura. Actualmente hay unos 2.000 profesores de Religión de Infantil y Primaria en las escuelas andaluzas. En 2015, estos maestros se vieron en medio de un fuego cruzado entre el Gobierno central, del PP, y la Junta de Andalucía, del PSOE, como consecuencia de la entrada en vigor de la nueva legislación educativa (LOMCE), aprobada dos años antes. El Ejecutivo andaluz creía que la llamada ley Wert iba a “revertir” toda su política educativa -sustentada en valores de igualdad de oportunidades para el alumnado- y se dispuso a exprimir su margen competencial en el desarrollo de la ley para “amortiguar el golpe”. 

Una de las decisiones más polémicas tuvo que ver con la asignatura de Religión, que el Gobierno del PP acababa de convertir en materia evaluable y computable, tanto para acceder a una beca como a la Universidad. La ley Wert elevaba así la enseñanza del catolicismo a la categoría de las Matemáticas o la Lengua. La Consejería de Educación consideró que esto “violentaba el carácter aconfesional de la enseñanza” y “rompía el pacto tácito” en materia de educación religiosa recogido en los Acuerdos del Estado español con la Santa Sede de 1979. Se adoptó entonces una decisión que nunca antes se había tomado: revisar dichos acuerdos con el objetivo de minimizar al máximo el peso de la Religión en las aulas. El Consejo de Gobierno encargó un informe para que la fórmula jurídica no pudiera ser recurrida en los tribunales ni por el Gobierno ni por los obispos, como había ocurrido en otras comunidades. En el argumentario político que acompañó a aquel informe, se dijo: “Si la ley Wert ha radicalizado la posición del PP respecto a la enseñanza de la Religión, nosotros radicalizaremos nuestra postura en defensa de la escuela pública y laica”.

Los Acuerdos de España y la Santa Sede

Todo parte de aquel choque ideológico entre Gobierno y Junta, pero lo que enrarece el conflicto es la excepcional situación laboral de los profesores de Religión en España. No existe nada similar en el entorno de países europeos: un marco laboral blindado en los Acuerdos del Estado español y la Santa Sede en los setenta. No es un Concordato, como suele decir erróneamente el PSOE, son cinco acuerdos firmados entre 1976 y 1979 (antes de cerrarse la redacción de la Constitución española) entre el Gobierno de Adolfo Suárez y el Estado Vaticano, con Pablo VI como pontífice. Están firmados por el entonces ministro de Exteriores, Marcelino Oreja, y el secretario de Estado del Papa, el cardenal francés Giovanni Villot, y otorgan a la Iglesia Católica la potestad de diseñar el currículum y los contenidos de la asignatura de Religión, la única que no está en manos de una Administración educativa.

Los maestros de Religión que trabajan en la escuela pública en España son seleccionados por la Iglesia Católica según criterios de idoneidad que nada tienen que ver con el acceso a la función pública del resto de docentes. Son requisitos “morales y de vida cristiana” que son vigilados y juzgados por los obispos desde la fe católica. Sin embargo, su relación contractual es con el Ministerio de Educación, que firma sus contratos y paga sus nóminas. 

La presidenta andaluza, Susana Díaz, y el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo.

La presidenta andaluza, Susana Díaz, y el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo.

Este sistema es una anomalía en el conjunto de la Unión Europea, pero aún hay algo más excepcional dentro de él: los profesores de Religión en las etapas de Infantil y Primaria son el único cuerpo docente de España que no está transferido a las comunidades autónomas, al contrario de lo que sucede en Secundaria y Bachillerato, que sí dependen directamente de la Junta. Esta excepción sólo se da en Andalucía, Aragón, Cantabria, Canarias, Ceuta y Melilla. Aquí los maestros de Religión dependen contractualmente del Ministerio, pero sus horarios los establecen los gobiernos autonómicos, responsables de la planificación escolar. 

En este colectivo concreto -estos 2.000 profesores- se concentra la situación “surrealista” que ha salido a la luz esta semana, a partir de una investigación de eldiario.es/andalucia. El Ministerio lleva tres años pagando a maestros de Religión sin carga horaria en todas las provincias de Andalucía. Son docentes que perdieron sus funciones en 2015, cuando sus colegios redujeron las clases de Religión para reforzar otras áreas. Pero la Consejería les renovó su plaza y el Ministerio su salario: unos 1.400 euros al mes con horario completo (25 horas lectivas más cinco de recreo). 

Hace siete meses, la nueva consejera de Educación, Sonia Gaya, abrió por fin una investigación interna y envió a la Alta Inspección Educativa un informe con todos los colegios donde sigue dándose este problema, y con todos los maestros de Religión que sobran. La Consejería ha solicitado al Ministerio por escrito que reajuste los contratos de estos profesores para adaptarlos a las necesidades pedagógicas de los colegios. Dicho sin eufemismos: sobran profesores de Religión desde hace tres años, están “de brazos cruzados” y cobrando, con el “consiguiente perjuicio a las arcas públicas”. 

¿Cuál es la solución? O bien el Ministerio los despide (casi todos tienen contratos laborales indefinidos en la actualidad) o bien la Junta de Andalucía dicta unas instrucciones para reasignarles otras tareas dentro de la escuela. Esto último no parece fácil: primero porque algunos obispos no lo permiten, y segundo porque si la Consejería admite que docentes elegidos a dedo por la Iglesia (y sin haber opositado) ocupen responsabilidades pedagógicas propias de un funcionario de carrera o de un interino, “estaría abriendo un precedente discriminatorio gravísimo entre el profesorado”, admiten desde el departamento de Gaya. La solución no es fácil, ergo, nadie ha tomado una solución en tres años. El ministro Íñigo Méndez de Vigo esquivó el problema cuando se lo planteó directamente la consejera…por la Educación, que se encuentra ahora enquistado en el Congreso.

Un Estado aconfesional

En marzo de 2014, el Gobierno de José Antonio Griñán interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra la LOMCE por considerar que vulneraba el principio de igualdad de oportunidades y permitía segregar al alumnado bueno y del malo, creando una educación de dos velocidades. La Junta acusó al Gobierno de “violentar el carácter aconfesional de la enseñanza”, obligando a las comunidades a concertar más escuelas católicas (en función de la demanda y en detrimento de la pública), suprimiendo Educación para la Ciudadanía y blindando las aulas que segregan al alumnado por sexos (en Andalucía quedan todavía una decena). Cataluña, Euskadi, Asturias y Canarias también recurrieron la ley ante el Constitucional con argumentos similares,…

Para “paliar los efectos de la LOMCE”, la Junta reguló la reducción horaria de la clase de Religión en Primaria, que pasaría de 90 a 45 minutos semanales. Andalucía ya impartía el mínimo legal exigible que establecía la legislación anterior (LOE): hora y media a la semana en Primaria, y una hora en Secundaria, salvo en el tercer curso, que eran dos. La paradoja es que fue la propia ley del PP y el Real Decreto que regula el currículum básico de Primaria lo que permitió a las comunidades recortar la asignatura de Religión, porque el articulado de la LOMCE no estableció un mínimo legal. “El bloque de asignaturas específicas permite una mayor autonomía a la hora de fijar horarios y contenidos de las asignaturas, así como para conformar su oferta”, dice el Real Decreto. Wert lo dejó en manos de las comunidades -cuando casi todas estaban gobernadas por el PP- y Andalucía actuó a contracorriente.

La Junta acusó a Rajoy de “romper los consensos constitucionales en torno a la enseñanza concertada y a la asignatura de Religión”, de “romper un pacto tácito” que los dos partidos de gobierno -PSOE y PP- habían respetado durante tres décadas. En el argumentario político de entonces se llegó a asegurar que había que “radicalizar  nuestra postura en defensa de la escuela pública y laica. Nos toca defender con más fuerza la escuela laica”. Palabras que usaron primero la consejera de Educación Mar Moreno, y más tarde su sucesor Luciano Alonso.

Andalucía revisó los Acuerdos del Estado español con la Santa Sede para buscar algún resquicio legal con el que “proteger” su política educativa de la LOMCE. Se encargó un informe al gabinete jurídico para reducir al mínimo legal posible la asignatura de Religión, sin riesgo de que fuera tumbada en los tribunales, como había pasado en otras comunidades. En junio de 2015, la Consejería de Educación delegó en las escuelas de Infantil y Primaria la decisión de reducir de 90 a 45 minutos a la semana la carga lectiva de Religión. Quienes se acogieron a esta opción, dejaron a docenas de maestros sin horario ni función asignada, y de ahí derivó todo el problema que se ha destapado esta semana. 

La falta de un pacto por la educación

El origen de todo es una mezcla de todo y, por supuesto, es un conflicto permanente y no resuelto sobre la falta de un Pacto de Estado por la Educación y sobre el papel de la religión católica en la escuela pública, un derecho casi intocable, un pacto preconstitucional que chirría con lo dispuesto en la Carta Magna. Y que ha sido prorrogado por gobiernos del PP y del PSOE, intocable durante 40 años, puesto que ningún partido, jamás, ha recurrido los Acuerdos del Estado español con la Santa Sede ante el Tribunal Constitucional. Son esos pactos con el Vaticano que el PSOE siempre promete impugnar o revisar cuando está en la oposición, pero nunca lo ha hecho estando en el Gobierno. Es más, fue el Ejecutivo de Zapatero el que mejoró el estatus de financiación pública a la Iglesia Católica en 2016, cuando elevó hasta el 0,7% la asignación del IRPF que los fieles pueden aportar a la Iglesia, alterando un modelo de que llevaba vigente desde 1988.

Fuente: eldiario.es

Clases de Religión, Horarios, LOMCE, Noticias, Protestas

NOTA INFORMATIVA DE APPRECE ANDALUCÍA

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REFLEXIONES DE APPRECE-A ANTE LA DENUNCIA PÚBLICA DE IU SOBRE ALGUNOS PROFESORES DE RELIGIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE ANDALUCÍA.

El Pleno de APPRECE ANDALUCÍA. quiere aportar unas reflexiones ante la denuncia de IU sobre algunos profesores de religión que, en Andalucía,  según ellos, están cobrando sin trabajar.

1.Si los hechos son ciertos, como parece que lo son, como personas adultas que somos, debemos reaccionar razonando, analizando los hechos, sus causas y sus consecuencias, con la finalidad de valorarlos y de buscar soluciones legales que encajen en nuestro Estado de Derecho. Y APPRECE lo hace siendo consciente de ser un Sindicato de sólo Profesores de Religión y para el Profesorado de Religión.

 

2. No se trata, a nuestro juicio,  de una denuncia a todo el Profesorado de Religión de Andalucía, ni al de Secundaria, que depende de la Consejería de Educación. Ni tampoco lo es a la inmensa mayoría del profesorado de religión de la educación Infantil y Primaria, que trabaja en los centros, dependientes de la Consejería de Educación, aunque su contrato y su relación laboral lo sean con el MECD, porque todavía no se han puesto de acuerdo las Administraciones del Estado y de nuestra Comunidad Autónoma, para que los profesores de religión de infantil y primaria de Andalucía, con sus nombres y apellidos y su DNI. sean publicados en el BOE, al  ser transferidos a la Junta de Andalucía.

 

3. Estamos, pues, ante dos Administraciones Públicas, que tienen que coordinarse para que los criterios de funcionamiento y las relaciones laborales con este profesorado, sean similares a los que se vienen usando con el Profesorado de Religión de Secundaria, desde bases legales y desde idénticos criterios, para que se apliquen de la misma forma a todos los que tienen contratos indefinidos con las Administraciones Públicas.

 

4. Lo ocurrido es que IU, como partido político que representa a los andaluces, en el uso de su compromiso y programa políticos, ha creido necesario y conveniente, denunciar unas presuntas irregularidades de unos  profesores de religión que, sin contar con horas lectivas de religión, vienen cobrando sus retribuciones económicas. Y, como ha confirmado la Sra. Consejera de Educación y el Portavoz del Gobierno, son hechos, que se consideran muy graves.

 

5. Y, como la causa principal de lo que está ocurriendo ahora y que han sacado a la luz pública algunos medios, arranca de lo ocurrido en el año 2015, cuando la Consejería de Educación aprobó una fórmula para que en los centros se dieran solo 45 minutos de religión, como mínimo, dejando en manos de los equipos directivos la posibilidad de mantener los 90 minutos, era más que evidente que las consecuencias laborales se iban a producir necesariamente. APPRECE, en solitario, tuvo que hacer frente a esa medida de la Consejería, con una información a los equipos directivos de los textos legales, advirtiéndoles que había que tenerlos en cuenta, para no cometer delitos de prevaricación. Y también APPRECE, también en solitario, recurrió ante el TSJA las reducciones horarias impuestas en la Educación Primaria. De la legalidad o ilegalidad de la medida tomada por la Consejería, será la Sala de Sevilla del TSJA, la que se tiene que pronunciar. Por tanto, estamos hablando de una norma, que puede ser declarada ilegal, con las consecuencias de todo tipo, también económicas, que se pueden derivar del fallo judicial.

 

6. El MECD, sabiendo que las reducciones horarias que algunos equipos directivos podían imponer en sus centros, pueden ser declaradas ilegales por los Tribunales de Justicia, no quiso modificar los contratos indefinidos del profesorado de religión de primaria en Andalucía, ya que por medio están acuerdos de Estado. Y, al darse cuenta de que en algunas Autonomías, defendían las reducciones horarias en primaria, con el argumento de que lo había hecho el Ministerio en Ceuta y Melilla, aprobó unas Instrucciones en las que, se habilita al profesorado de Religión para hacer otras actividades educativas, si con sus horas de religión no pueden cubrir todas las horas lectivas contratadas, pensando en que en esas Autonomías que copian, también copiaran esa parte de las Instrucciones.

 

7. No existe prevaricación ni incumplimientos legales, ni por parte del MECD ni de nadie, sino prudencia para no entrar en un ERE, planteando despidos de profesores de religión, con sus correspondientes indemnizaciones y cobro del seguro de desempleo, de acuerdo con sus años cotizados, a los que tienen derecho, de acuerdo con la legislación laboral española y europea. Lo que nos llama la atención de IU es su falta de sensibilidad social, porque los andaluces afectados sean profesores de religión. Tampoco cabe recriminar al Gobierno Andaluz, que no haya caído en la trampa de hacer juicios maniqueos ni se le haya ocurrido tomar medidas discriminatorias contra unos profesores de religión, a los que se les arrebató su horario de religión, por una medida tomada por una de sus Consejerías. A cualquier empresario particular que actuara como insinúa IU, le caería todo el peso de la Ley.

 

8. APPRECE, respetuosa con la Ley siempre, coincide con quienes no ven bien que nadie cobre sin trabajar. Y, como representa a todo el profesorado de religión, lo hayan votado o no, tiene que decir claramente que no es propio de ningún sindicato crear discriminaciones entre los trabajadores de una Administración Pública, quitándole horas a unos para dárselas a otros y dejando a compañeros sin horas lectivas, es decir, sin horas de trabajo, ya que tenían y tienen la obligación de cumplir con su contrato de trabajo. Es, por tanto, una mala gestión sindical, la causante última de una situación que, a simple vista, resulta escandalosa y, puede que lo sea, pero en ningún caso ha sido buscada voluntariamente por parte de los afectados. Ha sido y es, sencillamente, una gestión  sindical mal hecha y peor aplicada, cuyos responsables debieran dar explicaciones públicas.

 

9. En consecuencia, APPRECE exige a todos y se exige a si mismo como sindicato, que defiende los intereses de todo el profesorado de religión y no busca ni buscará jamás el enfrentamiento entre los trabajadores, a pesar de que algunos saquen razones irracionales para justificar lo injustificable, por ser discriminatorias y sin razón legal alguna, que unos hechos concretos se sepan tratar en el Parlamento de Andalucía, con mayor objetividad y respeto legal, para buscar soluciones legales y no para denigrar públicamente al colectivo de empleados públicos, que forman parte de las comunidades educativas de Andalucía, cumpliendo con los requisitos legales que la legislación vigente exige, formando parte de la función pública andaluza, en la que merecen respeto, tanto si se trata de enjuiciar su trabajo, como si se trata de la dignificación del propio trabajo.

 

10. Si la Consejería de Educación es hoy un modelo a seguir en España, por lo bien que ha diseñado las enseñanzas de Religión en los Bachilleratos, con su alternativa académica correspondiente, y esperamos que también en la ESO quede correctamente diseñada la distribución horaria de las enseñanzas de religión, pasando una hora de 3º de la ESO al curso 1º, no podemos dudar de que también en la Educación Infantil y Primaria, todos vamos a saber respetar la legislación vigente, que pasa por aplicar los 90 minutos de siempre, en todos y cada uno de los 6 cursos de la educación primaria, como cumplimiento de exigencias constitucionales y acuerdos y convenios firmados con todas las Confesiones religiosas por el Gobierno de España. Y  así el problema que IU ha denunciado en los medios desaparece.

                                             Andalucía, 10 de mayo de 2018

Fuente: apprece-a.es

Clases de Religión

Comunicado ANPE-Andalucía

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ANPE-Andalucía, en defensa de los derechos del profesorado de religión de Infantil y Primaria 

El profesorado de religión de Infantil y Primaria que presta servicios en los centros públicos andaluces, depende directamente del Ministerio de Educación, al no haber sido transferidas las competencias sobre estos docentes a la Consejería. Esta situación anómala provoca desajustes, que agravan la inestabilidad laboral de este colectivo.

ANPE considera que estos docentes realizan su labor en los centros educativos con toda profesionalidad, siendo reconocido su trabajo y dedicación por la generalidad de sus compañeros. La inestabilidad laboral del profesorado de religión de estas etapas ha sido denunciada en numerosas ocasiones por ANPE, como sindicato más representativo del colectivo en el conjunto de España, exigiendo, tanto al Ministerio como a la Consejería, la negociación urgente de los acuerdos necesarios que permitan a este profesorado desarrollar su trabajo con normalidad.

La Orden de 17 de marzo de 2015, reguladora del currículum de Educación Primaria en Andalucía, delega en los directores de los centros educativos la responsabilidad de mantener la carga lectiva de la asignatura de religión o reducirla. Aunque la mayoría de los centros han optado por mantener la misma carga lectiva, en respuesta a la importante demanda de las familias, hay centros en los que se ha reducido, con el consiguiente perjuicio para la jornada laboral de los maestros y maestras de religión.

Cabe destacar que la vigencia de semejante modelo está pendiente de la resolución judicial del recurso presentado por los Obispos del Sur en noviembre de 2015. Asimismo, uno de los puntos clave del Pacto Educativo es el tratamiento de la asignatura de religión, por lo que parece prudente no adoptar decisiones precipitadas, en tanto en cuanto se aclara el escenario legal.

En este momento de transitoriedad, ANPE insta a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía para que habilite al profesorado de religión para realizar otras funciones de utilidad en los colegios, sin menoscabo de las competencias asignadas a los funcionarios e interinos allí destinados. El Ministerio de Educación así lo ha hecho ya en las ciudades de Ceuta y Melilla, sobre las que tiene potestad directa.

Por último, ANPE-ANDALUCÍA insiste a las distintas Administraciones Educativas sobre la urgente necesidad de la apertura de un proceso de negociación con los representantes legítimos del profesorado de religión, a fin de avanzar hacia un modelo que evite su creciente precariedad laboral. Por lo que estamos en contacto permanente tanto con los responsables de la Consejería como los del Ministerio, desde nuestra posición de compromiso con este colectivo docente.

Sevilla, 9 de mayo de 2018

ANPE-ANDALUCÍA

Fuente: anpeandalucia.es

Clases de Religión

Los obispos acusan a los colegios públicos de empujar al paro a los maestros de Religión sin clases

  • Las diócesis de Andalucía defiende que la situación de los profesores sin carga lectiva “ha sido provocada por la decisión del equipo directivo” de reducir el horario de Religión
  • La Consejería de Educación ha recibido “quejas” de directores que denuncian “acoso” y “presiones” de familias para que aumentaran la clase de Religión a sus hijos en la escuela pública

Los obispos andaluces ganan más peso dentro de la Conferencia Episcopal.

La situación de los maestros de Religión sin carga horaria lectiva desde 2015, con el consiguiente “perjuicio a las arcas públicas”, tiene una responsabilidad compartida por tres instituciones: el Ministerio de Educación, la Consejería de Educación del Gobierno andaluz y la Iglesia. El Ministerio es quien firma el contrato de estos docentes y el que lleva tres años pagándoles a sabiendas de que no tienen funciones atribuidas; la Consejería es quien les ha renovado año tras año la plaza en los mismos colegios, a pesar de que éstos habían comunicado previamente por escrito que habían reducido a la mitad el horario de Religión y, por tanto, sobraban maestros de la asignatura. La tercera pata de esta historia es la Conferencia Episcopal, que desde 1979 tiene suscrito con el Estado el que probablemente sea el contrato laboral más blindado del país. 

El Obispado es quien selecciona a los maestros de Religión que trabajan en la escuela pública española, según unos “requisitos de idoneidad” que nada tienen que ver con los criterios de acceso a la función pública que obligan al resto de profesores (aprobar unas oposiciones). Por ejemplo, estar bautizado y “destacar por una recta doctrina y por un testimonio de vida cristiana”. Las normas generales las establece la Conferencia Episcopal, pero es el obispo quien “vigila” el comportamiento de estos maestros en cada diócesis, y quien puede destituirlos “por razones de religión o moral”.

Las Archidiócesis de Andalucía no han generado esta “surrealista” situación, en la que docenas de maestros de Religión acuden regularmente a sus escuelas desde hace tres años y permanecen sus horas de contrato “de brazos cruzados en la Sala de Profesores, sin hacer nada y cobrando su salario“. No son responsables directos, pero en estos años han recibido “una montaña de quejas” de los afectados: tanto de los maestros de Religión sin carga horaria, “que no sabían muy bien qué debían hacer”, como de los directores de algunos colegios públicos. 

Cartas al obispado

Estos últimos, viendo que sus denuncias ante la Inspección Educativa y ante sus Delegaciones Provinciales de Educación no eran atendidas, optaron por dirigirse directamente a la diócesis de su zona para denunciar la situación que llevaba dándose en su escuela desde 2015. Este periódico ha tenido acceso a algunas de estas misivas que los colegios públicos enviaron al obispo de su provincia, y la respuesta escrita que éste les dio. En todos los casos, el delegado episcopal de zona recuerda que la relación contractual de los maestros de Religión compete al Ministerio, no a ellos. Pero añaden que el culpable de la situación es el propio equipo directivo del centro que, acogiéndose a una orden de la Consejería de Educación, han elegido “unilateralmente” recortar el horario de Religión. 

El director del colegio Maestro Juan González, de Los Barrios (Cádiz), fue uno de los que decidió escribir directamente a la Diócesis de Cádiz a finales del curso pasado, cuando la maestra de Religión sin carga horaria de su escuela estaba a punto de ser renovada por tercer año consecutivo. En una carta dirigida a la Secretaría de Enseñanza del Obispado de Cádiz, fechada el pasado 19 de junio, el director explica que “desde el 1 de septiembre de 2015 la maestra de religión Doña … que no tiene carga horaria ninguna en este colegio se encuentra sentada en la Sala de Profesorado”. “En ocasiones los compañeros le han pedido ayuda para cualquier actividad e incluso se le ha invitado a participar en actividades de refuerzo para que no desaproveche las mañanas. Las respuestas de la maestra van siempre en la misma línea: “Este año tengo que preparar mi boda” dedicándose a hacer los detallitos en el colegio; o “Este año voy a preparar las oposiciones”, dice la misiva. 

Una semana después, el 28 de junio, el mismo director escribió una segunda misiva, pero esta vez se la envió directamente a la Delegada Episcopal en Cádiz, Pilar Macarro. Esta vez, con un tono más duro, denuncia que “”la maestra de Religión que no tiene carga horaria ninguna en este colegio incumple constantemente el horario de obligada permanencia en el centro”, extremo que también compete directamente a la Inspección Educativa de la Junta. Y continúa: “Ella argumenta que cambia horas por una formación que no es necesidad del centro si no suya personal. Además no avisa al director, responsable de los horarios, ni a nadie del equipo directivo”. El director recuerda que es el tercer año seguido que se enfrenta al mismo problema, que ya ha puesto en conocimiento “de todas las administraciones implicadas”, y que la falta de respuesta “genera mucho malestar en la comunidad educativa”. “Le comunico que el equipo directivo no insta a nadie a incumplir su horario y menos a estar en un centro educativo de brazos cruzados. Para nada ha generado esta situación que no sólo se produce en este centro si no en muchos otros”, termina.

La Delegada de Enseñanza del Obispado de Cádiz respondió una semana después con tres párrafos breves, desvinculándose de toda responsabilidad. “El profesorado de Religión de Infantil y Primaria mantiene su relación contractual directamente con el Ministerio y no corresponde la modificación de la situación laboral a esta Delegación, cuya competencia es indicar que el profesorado cumple los requisitos de idoneidad para ser propuestos. Requisito que cumple la profesora de la que expone el caso”, explica la carta. Además, Macarro culpa directamente al colegio de la situación, por haber rebajado al mínimo el horario de Religión. “La situación concreta de esta profesora ha sido provocada por la decisión del equipo directivo en aplicación de las opciones dadas por la Consejería de Educación”, sentencia.

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El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo. EFE

Conflicto padres, madres y docentes

A principios de 2015, la Junta de Andalucía adaptó el currículum de Primaria a la LOMCE, la nueva ley educativa del Gobierno del PP, con la que no estaba de acuerdo. Entonces y ahora la consideraba segregadora y regresiva. Para paliar sus efectos, una de las decisiones más polémicas que se adoptó fue reducir al mínimo legal posible la carga lectiva de Religión, que pasó de 90 a 45 minutos. Pero la Consejería dejó en manos de los colegios esa decisión.

Los obispos de Andalucía recurrieron esa orden en los tribunales, pidieron la suspensión cautelar, pero no lo lograron (aún está pendiente de sentencia). En junio de 2015, los claustros de profesores de todos los colegios de Andalucía, como cada año, se reunieron para organizar el curso siguiente, y muchos de ellos -la Junta se niega a facilitar este dato- optaron por recortar a la mitad el horario de Religión para reforzar otras áreas más importantes (Lengua, Matemáticas, Inglés…). 

La decisión se tomó “por razones pedagógicas”, pero no en todas las escuelas se entendió así. En algunos centros se generó un conflicto entre el profesorado y los padres y madres de alumnos que exigían mantener los 90 minutos de Religión para sus hijos. Además, en junio de 2015 ya se preveía que la reducción horaria de esta asignatura podría suponer “el despido de cientos de maestros” que se quedaban sin carga horaria, cosa que nunca ocurrió porque la mayoría fueron renovados. Pero los sindicatos que respaldan a este colectivo, como Anpe, acusó a la Junta de “humillar” a estos docentes, “dejándoles de brazos cruzados en sus escuelas sin asignarles ninguna tarea”. 

En la enseñanza pública, muchos de los problemas más difíciles de lidiar surgen cuando las prioridades de los padres para sus hijos no conectan con los criterios profesionales de los maestros. El Gobierno de Susana Díaz, combativo con la LOMCE desde el principio, trata de mantener un perfil bajo en este conflicto, del que se sabe corresponsable. Fuentes de la Consejería de Educación reconocen la “gravedad” del problema, y admiten que las Inspecciones Educativas han recibido “quejas” de equipos directivos en todas las provincias denunciando “situaciones de acoso” por parte de las familias de sus alumnos, que les han presionado para que restituyeran el horario de Religión de sus hijos. La Junta no confirma si hay escuelas que hayan vuelto a reponer los 90 minutos semanales de Religión, después de haberlo rebajado.

“Discriminación a los interinos”

Uno de los aspectos menos aclarados de este asunto es qué funciones reales tienen los maestros de Religión en la escuela pública, que no aparecen en el convenio de la Consejería de Educación y las Diócesis de Andalucía de mayo de 1993. No obstante, existen unas instrucciones de la Viceconsejería del año 2000 que están “plenamente vigentes”, según los sindicatos. El horario completo de un maestro titular de esta asignatura es de 25 horas lectivas a la semana, más otras cinco de obligada permanencia en el centro, análogo al de cualquier interino. Las instrucciones de Viceconsejería dicen que, entre las funciones de los maestros de Religión, está el “vigilar el recreo”, pero sólo para aquellos que tengan su horario completo en un mismo centro. Hay muchos docentes de Religión con horario parcial, que reparten su jornada por distintas escuelas y, en teoría, estos no tienen por qué ocuparse de esta tarea.

Cuando los profesores de Religión se quedaron sin carga horaria lectiva, recurrieron a los obispos de su diócesis para saber qué hacer. Las instrucciones que les dieron, según coinciden varios testimonios, es que debían seguir asistiendo a clase, firmando en el parte de registro, y poniéndose “a disposición del centro”. Eso sí, “no pueden sustituir a profesores de otras materias si están de baja, no pueden impartir clases de otra asignatura ni dar clases de refuerzo ni vigilar a los alumnos durante el recreo”, explican fuentes próximas a los Obispos del Sur. Todas estas funciones, vetadas para los docentes de Religión, son desempeñadas por el resto de maestros. En cambio, si el profesor de Religión se pone enfermo y no asiste a clase, sus compañeros sí están obligados a cubrir su baja y hacerse cargo de sus alumnos. 

Esta “discriminación laboral entre maestros de la misma escuela”, como reconoce la propia Consejería, “se ha hecho más insostenible con la situación de los profesores de Religión que cobran sin trabajar”. La reducción del horario de esta asignatura en centros “de todas las provincias de Andalucía” dejó a docenas de maestros sin carga lectiva (la Junta no revela el número total de afectados). Sin embargo, no han perdido ni su trabajo ni su sueldo. “Cuando ha habido reducción horaria o supresión de líneas (cursos) en los colegios públicos debido a la pérdida de alumnos, la Consejería no ha renovado a muchos interinos, porque no hacían falta. Es evidente que a los maestros de Religión se les está dando un trato privilegiado”, admiten fuentes próximas a la consejera Sonia Gaya.

La mayoría de maestros de Religión de Infantil y Primaria de Andalucía tiene un contrato laboral indefinido. El salario medio de un maestro titular es similar al de cualquier profesor de Primaria, en torno a 1.400 euros netos al mes, aunque muchos acumulan pluses por antigüedad (sexenios). Esto hace que despedir a un maestro de Religión en España tenga un coste muy elevado, admite el Ministerio, aunque rechaza hacer una estimación.

Fuente: eldiario.es

Clases de Religión

Andalucía descarta llevar a la Fiscalía el “perjuicio a las arcas públicas” de los maestros de Religión sin clases

El Gobierno de Susana Díaz admite que mantiene a profesores cobrando sin trabajar en colegios “de todas las provincias”, pero espera que el Ministerio lo resuelva.

Susana Díaz y la consejera de Educación, Sonia Gaya.

El Gobierno de Susana Díaz reconoce que, desde hace tres años, el Ministerio de Educación ha estado pagando a profesores de Religión sin carga horaria lectiva en colegios “de todas las provincias de Andalucía”. A pesar de que el problema persiste en el presente curso escolar, el gabinete jurídico de la Junta no se ha planteado, de momento, llevar el caso ante la Fiscalía, por un posible delito de prevaricación. 

La Junta de Andalucía conocía la situación de los maestros sin carga horaria desde septiembre de 2015, a partir de las denuncias que muchos colegios remitieron ese año a la Inspección Educativa. Pero no fue hasta el año pasado cuando se encargó una investigación interna para aclarar en cuántos centros estaba ocurriendo, cuántos profesores sin funciones asignadas seguían asistiendo a sus escuelas y cobrando, y cuántos recursos públicos se habían “desperdiciado” en este tiempo.

La Consejería de Educación recopiló finalmente los datos y hace siete meses elevó un informe al Ministerio de Educación a través de la Alta Ins…, pidiendo que “ajustase” la plantilla de maestros de Religión a las necesidades reales de los colegios afectados. La situación partía de un cambio normativo: la Junta, en la adaptación del currículum de Primaria a la LOMCE, permitió a las escuelas que quisieran reducir el horario de Religión de 90 a 45 minutos a la semana, dejando a docenas de maestros sin ninguna función docente. A pesar de ello, sus contratos no se modificaron, siguieron personándose en sus colegios “sin hacer nada” y cobrando 1.400 euros al mes.

El problema, que el portavoz del Gobierno andaluz ha calificado de “muy grave”, sigue enquistado en el presente curso escolar. Hay constancia por escrito de que las Administraciones educativas fueron alertadas por primera vez hace tres años, pero por ahora la Junta no se ha planteado presentar una denuncia ante el Ministerio Público por un supuesto delito de prevaricación administrativa. Es un extremo que sí llegaron a valorar los directores de algunos centros afectados en Cádiz y Málaga, después de denunciar reiteradamente la situación ante sus superiores, y de que ni el Ministerio ni la Consejería ni el Arzobispado (que selecciona a estos maestros) hayan sabido solventar la situación en tres años. El problema es que, en términos de personalidad jurídica, un colegio de titularidad pública es Administración y no puede, por tanto, denunciarse a sí mismo.

El portavoz del Ejecutivo andaluz, Juan Carlos Blanco, ha descartado la vía judicial y confía en solucionar el problema en conversación con el Ministerio de Educación “de cara al próximo curso académico”. “La Consejería de Educación espera que estos desajustes se conozcan al principio del curso escolar para poder solucionarlos a tiempo”, dice Blanco. Lo cierto es que los desajustes ya se conocen al principio de curso. El claustro de profesores en todos los colegios de Andalucía se reúne en junio para planificar las clases del año que viene. Tiene la obligación de grabar en el sistema informático Séneca, de la Consejería de Educación, el número de horas que van a dedicar a cada asignatura, dentro de su autonomía pedagógica. 

Así lo hicieron en junio de 2015 cuando optaron por recortar a la mitad el tiempo de Religión -de 90 a 45 minutos a la semana- para reforzar otras áreas. La consejería recibió esos datos y los remitió al Ministerio de Educación para que los tuviera en cuenta para ajustar las horas contratadas de maestros de  Religión a las necesidades de cada centro. Era previsible un recorte considerable en el número de docentes necesarios, porque muchas escuelas de Andalucía disminuyeron el horario de esta asignatura. Sin embargo, todos volvieron a su colegio con todas sus horas intactas en septiembre de 2015. Y volvió a ocurrir en el curso 2016-2017 y en el actual.

Fuente: eldiario.es

Clases de Religión

Comunicado de CSIF-Andalucía

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EL PROFESORADO DE RELIGIÓN VICTIMA DE LAS ADMINISTRACIONES EDUCATIVAS

CSIF exige soluciones a los problemas de este colectivo.

Los Maestros de Religión son trabajadores que dependen del Ministerio de Educación y realizan su trabajo en los centros que gestiona la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Esta situación “atípica”, porque Andalucía es una de las pocas Comunidades donde no se han realizado las transferencias del profesorado de Religión por cuestiones fundamentalmente políticas, genera descoordinación, problemas de gestión y negociación de las cuestiones que afectan al colectivo.

Desde CSIF en solitario y, en algunas ocasiones, junto a otras organizaciones sindicales hemos reiterado al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte la necesidad de abordar en profundidad los temas que afectan a los Maestros de Religión. La callada por respuesta en la mayoría de las ocasiones y la falta de compromiso y responsabilidad en otras, han hecho que no hayamos progresado en este tema.

Por otra parte, la Consejería de Educación tampoco ayuda en la resolución de las cuestiones que afectan al profesorado de Religión reduciendo sus horarios y no permitiendo a las direcciones de los centros utilizar estos recursos en distintas actividades y funciones que pueden ayudar a la mejora del funcionamiento de los centros educativos.

Así mismo, la falta de información tanto del Ministerio de Educación como de la Consejería de Educación sobre la jornada de los Maestros de Religión provoca un desconocimiento profundo de la actual situación. De todas formas, desde CSIF lamentamos la “criminalización” del colectivo —vieja técnica de negociación— la generalización de cuestiones que pueden ser muy puntuales o anecdóticas, que causan daños irreparables a la imagen de estos trabajadores.

CSIF valora el trabajo de estos docentes que trabajan con absoluta normalidad, siendo aceptados y valorados por toda la comunidad educativa en la práctica totalidad de los centros educativos de Andalucía.

Desde CSIF exigimos al Ministerio y a la Consejería de Educación que de una vez aborde la negociación de las condiciones laborales del profesorado de Religión, a la vez que reiteramos que al estar estos docentes sujetos a distinta normativa, es responsabilidad de las distintas Administraciones, tanto la coordinación como la búsqueda de soluciones a los diversos problemas existentes o que se generen y, en ningún caso, poner a los trabajadores en el “ojo de huracán” como estrategia. No podemos esperar que sean los tribunales los que sigan marcando el camino y la única garantía de que no se conculquen los derechos de estos trabajadores.

08 de Mayo de 2018

Fuente: csif.es